Nos han preguntado

Revisiones anuales de puentes grúa: ¿son una obligación legal?

A la pregunta formulada hay que decir que los puentes grúas o similares son equipos elevadores muy habituales en empresas. Estos tienen numerosos riesgos asociados por manejarse cargas de importante tamaño y peso. Sus riesgos afectan tanto a personas (operadores que los utilizan y personas próximas a la zona donde se está trabajando con ellos) como a bienes que se manejan o instalaciones donde se ubican.

Al ser un equipo que todo técnico de prevención tiene marcado como de especial interés por sus altos riesgos, siempre asaltan las dudas sobre su correcto mantenimiento legal. Esto es debido a que no existe ninguna normativa donde aparezcan de forma explícita este tipo de equipos elevadores, como sí ocurre con otros como ascensores, grúas móviles autopropulsadas, grúas torre,…

Aunque lo esperable sería que el Real Decreto 2291/1985 afectase a este tipo de equipos elevadores, la verdad es que su ámbito de aplicación lo excluye, porque indica expresamente que sólo afecta a aquellos equipos incluidos en sus ITCs; como no hay ITCs para puentes grúa, no es de obligado cumplimiento, ni en los artículos generales.

Con todo esto, las revisiones de puentes grúa se sitúan entre las preguntas que más nos formulan nuestros clientes, formuladas como: ¿Qué normativa debe ser tenida en cuenta? ¿Qué revisiones deben realizarse en puentes grúa?

Pues bien, la normativa, notas técnicas y normas UNE de referencia para los puentes grúa actualmente son:

  • Real Decreto 1215/1997. Utilización de equipos de trabajo
  • Real Decreto 842/2002. Reglamento electrotécnico de baja tensión
  • NTP 738 Grúas tipo puente III. Montaje, Instalación y Mantenimiento
  • UNE 58132-5:1994. Aparatos de elevación. Reglas de cálculo. Parte 5: elección del equipo eléctrico.
  • UNE 58144-1:1997. Aparatos de elevación de carga suspendida. Inspecciones. Parte 1: Generalidades.

El Real Decreto 1215/1997, en sus artículos 3 y 4, obliga a realizar un mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo según las instrucciones del fabricante y, para el caso de equipos sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioro que puedan generar situaciones peligrosas, además deben estar sujetos a pruebas de carácter periódico.

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario

  1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
    Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo

  1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.
    Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad.
  2. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.
  3. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
    Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación.

Por tanto, está claro que se debe cumplir con todas las especificaciones de mantenimiento y revisión que especifique el fabricante y este fabricante lo más probable es que se acoja a la normativa UNE de puentes grúa.

Esto ya se menciona en la NTP 738, donde se indica que la periodicidad de las revisiones y comprobaciones dependerá de las condiciones de utilización del aparato y, como indican la norma UNE 58132-5:1994 y la norma UNE 58144-1:1997, será de al menos una vez al año. Las comprobaciones mínimas que se deben de realizar en las revisiones periódicas se detallan en la norma UNE 58144-1:1997.

En resumen, los puentes grúa deben someterse como mínimo una vez al año a una revisión por parte de personal competente.

Puede ampliarse información en:

NTP 736: Grúas tipo puente (I): generalidades

NTP 738: Grúas tipo puente III. Montaje, instalación y mantenimiento 

RD 1215/1997 Utilización de equipos de trabajo

RD 842/2002 Reglamento electrotécnico de Baja tensión

¿Es obligatorio realizar simulacros de incendios en los centros de trabajo? Con que periodicidad?

Como norma general, no, aunque pueda ser muy recomendable. Ahora bien, puede ser que el centro de trabajo se encuentre dentro de alguna norma que específicamente lo obligue.

Una de las últimas en salir es el "REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia", que por ejemplo establece que las oficinas con una altura de evacuación del edificio igual o superior a 28 m deben tener un Plan de Autoprotección y realizar realizar simulacros anuales.

Evidentemente la normativa es de mininos y por tanto  el art 20 de la LPRL habla de revisiones periódicas de las medidas de emergencia, por tanto debe primar el sentido común, aquellas actividades con reglamentación sectorial especifica se atenderán a lo dicho en la normativa, y las demás habrá que valorar la actividad y en función de ello realizar, lo que se indudable es el cumplimiento de lo dicho en el artículo 20 de LPRL

¿El trabajador de una empresa subcontratista en obras de construcción, puede ser designado recurso preventivo de la obra?

Vuestro trabajador no podría actuar como recurso preventivo dado que el recurso preventivo es una figura que establece el contratista y cito textualmente lo establecido en la Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción del RD 1627/1997.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

  1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
  2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
  3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este real decreto.”

Por tanto y dado que la elaboración del citado Plan es una obligación del contratista, para que una empresa quede obligada a designar un recurso preventivo es necesario que actúen como empresas contratistas. No pueden ser subcontratistas.

Os adjunto criterio técnico de la Inspección de trabajo: http://www.empleo.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/Criterios_Tecnicos/Documentos/CT_83-2010.pdf

¿La formación del art. 19 se puede dar con medios propios?, la realiza un técnico en PRL con las 3 especialidades que está en plantilla de la empresa.

La formación se puede impartir con medios propios, por supuesto, según establece el propio articulo 19 en su apartado 2….”La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.”

No se duda de la capacidad técnica y formativa de la persona que imparte dicha formación, así como tampoco de la idoneidad, pero siguiendo los criterios tanto del Invassat como del INSHT, esta deberá ser auditada.

Art, 29 del capítulo V del reglamento de los servicios de prevención,

“…… Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias/Criterios/Criterios_auditorias.pdf

¿Se puede negar el empresario a dar copia de los documentos relativos a la prevención de riesgos laborales a los delegados de prevención?

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 18 establece el derecho de los trabajadores a recibir del empresario toda la información necesaria en relación a: los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior, y finalmente las medidas adoptadas en materia de emergencia.

Se establece a renglón seguido en dicho precepto que en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; sin perjuicio de la necesaria información individual sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

El artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula las competencias y atribuciones de los delegados de prevención, estableciendo su derecho a tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 , debe tenerse en cuenta que éste último recoge toda la documentación que en materia de prevención de riesgos laborales la empresa debe tener a disposición de la autoridad laboral y sanitaria.

Este último precepto hace referencia al límite previsto en el apartado 4 del artículo 22 , que expresamente establece: «El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

De forma expresa se establece en el mencionado artículo 36 que cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

Conviene recordar que el artículo 4.2.e) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho de los trabajadores al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Este derecho no es sino una plasmación concreta, dentro de la legislación laboral, de la cláusula constitucional de preservación de la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes y del derecho fundamental a «la intimidad personal y familiar», que tratan de preservar la esfera íntima, afectiva y familiar de la persona, que adquiere así el «control» de sus actos y sus datos personales, sin intromisiones posibles, ni siquiera en la esfera profesional.

Al igual que ocurre con todos los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto; su ejercicio debe ser compatible con el cuadro de límites que pueden surgir de las facultades empresariales que sea expresión del derecho de libertad de empresa reconocido en el art. 38 de la CE; ahora bien, tales limitaciones tienen que ser las indispensables para satisfacer un interés empresarial merecedor de tutela y protección.

Al margen del derecho a información reconocido a los delegados de prevención y comités de seguridad y salud, conviene recordar que el artículo 34.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que: «A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes».

La información y documentación facilitada a los representantes de los trabajadores debe ser suficiente y en el formato adecuado para el desarrollo de sus funciones, así se manifiestan entre otras muchas la STSJ Cantabria número 652/2005, de 1 de junio, en su fundamento de derecho primero: «Para la parte recurrente la expresión "tener acceso" ha de interpretarse literalmente, de forma que bastaría con el examen en las oficinas de tal documentación, sin que exista obligación legal de obtener copia. Se trata de un criterio restrictivo, literalista y que restringe el ámbito de esta norma».

En idéntico sentido se manifiesta la STSJ Cataluña número 9814/2005, de 20 de diciembre, que establece en su fundamento de derecho cuarto: «Por ello, no podemos compartir el argumento del recurso de que la Ley no impone el deber de entregar documentación alguna. En efecto, no se constata en el texto legal el modo en que la información haya de transmitirse, más lo que sí es patente es la función que ha de poder desempeñar esa información. …Todo hace que hayamos de coincidir con el criterio del juzgador de instancia cuyos razonamientos jurídicos compartimos, puesto que no se justifica la causa de la denegación de la entrega de documentación, no bastando con la mera puesta a disposición para su examen cuando la naturaleza de la actividad de la empresa, el volumen de la plantilla y las características del centro de trabajo hacen que tal evaluación de riesgos sea una labor compleja difícilmente aprehensible de modo verbal».

 El artículo 65.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que: «excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves per-juicios en su estabilidad económica». La utilización en materia de prevención de riesgos laborales debe ser restrictiva. La última de las sentencias mencionadas señala: «… la invocación del derecho de la empresa a mantener la información en materia preventiva en un ámbito reducido y reservado, como expresión de la libertad de empresa del art. 38 de la Constitución, … resulta desequilibrado. Ciertamente, que el contenido de la información puede tener límites, mas éstos vienen dados por dos reglas de actuación distintas: a) de un lado, el derecho a la intimidad de los trabajadores impide que se conozca y faciliten datos relativos a la salud de los trabajadores individualizados, de suerte que habrá de cuidarse de que no se transmitan informaciones que no sean anónimas o genéricas; siendo ésta una premisa válida tanto para los representantes de los trabajadores como para la propia empresa; b) por otra parte no hay exención para el deber de sigilo que se impone a los delegados de prevención, del mismo modo que el Estatuto de los Trabajadores lo establece para a los representantes ordinarios, abarca toda la información al que se tenga acceso por razón de ese cargo, pudiendo la empresa determinar los puntos reservados de dicha información, tal y como le permitiría la configuración legal de aquel deber de sigilo.

¿Qué es VLA EC de una sustancia química?

Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior, en la lista de Valores Límite.

Lo habitual es determinar las EC de interés, es decir, las del período o períodos de máxima exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos. De esta forma, las concentraciones muéstrales obtenidas coincidirán con las EC buscadas.

No obstante, si el método de medición empleado, por ejemplo basado en un instrumento de lectura directa, proporciona varias concentraciones dentro de cada período de 15 minutos, la EC correspondiente se calculará aplicando la siguiente fórmula:

 Siendo

Ci la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 min.

Ti el tiempo de exposición, en minutos, asociado a cada valor ci

Nota: La suma de los tiempos de exposición que se han de considerar en la fórmula anterior será igual a 15 minutos.

¿En mi empresa existen contaminantes químicos, estoy obligado a realizar mediciones?

Los productos químicos están con mucha frecuencia presentes en el ámbito laboral, a veces incluso de forma inadvertida, pudiendo dar lugar a exposiciones significativas, pero no por ello podemos decir que exista una obligación como tal de “realizar mediciones”. Lo que si es necesario es conocer y evaluar los riesgos derivados del uso o de la exposición para garantizar un buen estado de salud de los trabajadores.

  • Lo primero será decidir si hay que adoptar medidas preventivas adicionales a las existentes, si las hubiera.
  • Determinar la índole de las medidas preventivas a adoptar.
  • Priorizar las medidas preventivas necesarias.

A grandes rasgos habrá que determinar si existe exposición por vía inhalatoria o por vía dérmica, además de evaluar los posibles riesgos de incendio y explosión y por ello el riesgo de asfixia.

Hay que dejar claro que evaluar no es lo mismo que medir, por tanto una vez evaluamos y llegamos a la conclusión que existe exposición por vía inhalatoria continuaremos con lo indicado en la Norma UNE EN 689, cuyas etapas serán la estimación inicial, estudio básico, estudio detallado y comparación con el valor límite de corta duración.

Al ser un tema bastante extenso seguir las recomendaciones de las publicaciones existentes del INSHT, como:

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20PU...

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