Nos han preguntado

¿Puede una empresa de transportes de mercancías someter a sus trabajadores a un control de alcoholemia?

Como regla general, la vigilancia de la salud de los trabajadores sólo podrá llevarse a cabo cuando éstos presten su consentimiento (artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); no obstante, ese carácter voluntario cederá cuando el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa y, es evidente, que la embriaguez por sí sola constituye un riesgo e incrementa la posibilidad de sufrir o provocar un accidente. El precepto dispone, además, que en estos casos, se deberán emplear las pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo y, siempre, contando con un previo informe de los representantes de los trabajadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, y puesto que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales no establece el modo de controlar el alcohol ingerido, podríamos aplicar analógicamente lo dispuesto por la normativa de tráfico y seguridad vial (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre) y, en consonancia, la empresa podría llevar a cabo el control siempre que su decisión de someter al trabajador al control de alcoholemia no se fundamentase en meras sospechas de embriaguez sino, que tuviera su base en hechos y causas objetivas, o bien, en presunciones debidamente fundadas y nunca fruto de decisiones aleatorias o arbitrarias.

¿En presencia de contaminantes el empresario tiene que entregar equipos de protección individual, pero solo con esta medida sería suficiente?

En principio y no teniendo más datos se deberían de entregar los equipos de protección individual necesarios en base a las fichas de seguridad del producto químico. No obstante la primera actuación, una vez se ha identificado y corroborado la peligrosidad seria la implantación de medidas de protección colectiva u organizativas. Posteriormente o antes en función de las necesidades y peligrosidad del producto se debería realizar la evaluación de riesgos conforme establece el art. 3 de la guía técnica de los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, conforme al RD 374/01.

Dicha evaluación deberá seguir el método establecido en dicha guía, según norma UNE EN 689 anexos D y F.

La adopción de medidas correctoras por orden de prioridad debería ir:

  • Eliminación del riesgo, se debería intentar sustituir el agente químico por otro menos peligroso, o con respecto al tema de la instalación, sustitución del proceso o utilización de equipos intrínsecamente seguros, con respecto al método automatización.
  • Con respecto a la reducción o control del riesgo, se debería intentar sustituir el agente de manera parcial o cambio de forma física. Con respecto a la instalación se debería de adoptar medidas de protección colectiva como proceso cerrado, cabinas de guantes, extracción localizada, cubetos de recepción…con respecto al local de trabajo, orden y limpieza, segregación de departamentos sucios, ventilación por dilución, duchas de aire…y con respecto al método de trabajo, buenas prácticas de trabajo, supervisión, horarios reducidos.
  • Y por último seria la protección del trabajador, equipos de protección individual respiratoria, dérmica y ocular.

Con todo esto se debería tras la identificación y la evaluación según la guía técnica de los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, conforme al RD 374/01, adoptar las medidas preventivas especificas en cada caso concreto.

¿Es obligatorio realizar una auditoría?

La obligación legal de someterse a una auditoría externa aparece cuando la empresa no ha concertado el servicio de prevención con una entidad especializada (Servicio de Prevención Ajeno), según el artículo 29 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

En el caso de que la empresa asuma parcialmente la actividad preventiva y concierte el

resto con uno o más Servicios de Prevención (en función de lo especificado en el artículo

31 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales), sólo se someterá a auditoría la parte de la actividad preventiva que haya sido asumida.

En algunos casos, tal y como se contempla en el artículo 29, punto 3, del RD 39/1997, las empresas pueden quedar exentas de someter su sistema de gestión a una auditoría externa:

“A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.”

¿Quién tiene capacidad jurídica para impartir la formación del artículo 19 de la Ley 31/1995? ¿Cualquier entidad dedicada a la enseñanza puede impartir formación en Prevención del Convenio de Construcción?

Según el criterio de la Inspección de trabajo, el artículo 19 de la LPRL “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar una formación teórico y practica suficiente y adecuada, en materia preventiva, hay que añadir que esa formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos, y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.

En cuanto a las personas que pueden impartir esa formación, el art 19 señala que “se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios de prevención ajenos. Siendo esta una actividad preventiva, la única posibilidad de que pueda llevarse a cabo por alguien externo a la empresa es que la imparta un servicio de prevención, pues es claro que la empresa puede asumir la organización de las actividades preventivas o concertarlas con entidades ajenas a la empresa, pero, si la concierta con una entidad ajena, solo podrá ser un servicio de prevención ajeno acreditado, por tanto queda claro que esta formación no puede impartirse por profesionales independientes, ni por empresas que carezcan de autorización para actuar como servicios de prevención ajenos.

De acuerdo con el sistema configurado en el IV convenio general del sector de la construcción, esta formación puede ser impartida tanto por los empresarios directamente como por centros de formación previamente homologados, cobrando especial relevancia la fundación laboral de la construcción como entidad paritaria sectorial que materializa la habilitación especifica hecha por la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal.

¿Cada cuánto tiempo se revisa la evaluación de riesgos del lugar de trabajo de cada trabajador? ¿Y qué factores son los que se evalúan?

Según se indica en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales (LPRL), la evaluación de riesgos será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Por ello, se deberán volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por los siguientes factores (artículo 4.2 del RSP):

a.   “La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b.   El cambio en las condiciones de trabajo.

c.   La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.”

En la evaluación de los factores de riesgo presentes en el trabajo, se tendrán en cuenta las condiciones de trabajo, que se especifican en el artículo 4 de la LPRL, que son:

  • Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
  • La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
  • Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

La evaluación inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica,

según establece el artículo 6 del RSP:

1.   “…En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.

2.   Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.”

¿Es necesario realizar el plan de autoprotección en una guardería? Es necesario registrarlo?

Un plan de autoprotección es un marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. El RD 393/2007 regula la necesidad de realización de un plan de autoprotección en su anexo I y estas pueden estar englobadas en actividades con reglamentación sectorial específica o actividades sin reglamentación sectorial específica, que sería el caso en él nos encontramos.

“e. Actividades docentes: Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.”

Así como en el catálogo de actividades con riesgo del decreto 32/2014, “5.A. Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios, como:

  • Personas discapacitadas físicas o psíquicas (centros de educación especial).
  • Niños menores de 3 años (escuelas infantiles de primer ciclo).

En cuanto a la pregunta de si es necesario registrarlos, la respuesta es si en base al Art, 5 del RD 393/2007 que cita “1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección.

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los referidos datos y sus modificaciones.

2. El órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control administrativo y registro de los Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias donde se desarrollan las actividades relacionadas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, será establecido por las comunidades autónomas competentes o el órgano competente establecido en el caso de actividades con reglamentación sectorial específica.

El registro en la comunidad valenciana se haría según el decreto 32/2014 de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.

En su título II establece la adscripción al registro , objeto, ámbito y contenido mínimo, así como el órgano encargado de este registro que según el art 11 “1. El órgano encargado de la gestión del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección será la dirección general competente en materia de protección civil y gestión de emergencias. 2. La tramitación de las solicitudes de inscripción se realizará por personal funcionario dependiente del referido órgano directivo.

¿En una empresa de 85 trabajadores es obligatorio constituir el comité de seguridad y salud, ya que no tenemos delegados de personal y tampoco delegados de prevención, pese a la obligatoriedad?

Según el art. 38 de la LPRL. “Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

Los delegados de prevención según establece según el Art, 35 1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

Pero la prevalencia esta en tener delegados de personal en la empresa para poder elegir los delegados de prevención, por tanto no se podría constituir, se deberían realizar elecciones sindicales para designar primero a los delegados de personal y por y entre estos elegir los delegados de prevención para de forma posterior constituir el comité de seguridad y salud, Y para ello se seguirá el procedimiento establecido en la LOLS.

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